Medio Ambiente
Junta se persona como acusación contra dos cazadores acusados por la muerte de un lince
Estos dos cazadores, imputados por la Guardia Civil, afrontan una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de entre 200.001 y 2.000.000 de euros.
27 de diciembre de 2011
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La Consejería de Medio Ambiente se persona como acusación particular en el caso abierto contra dos cazadores a los que se les relaciona supuestamente con la muerte a tiros a un lince ibérico el pasado julio en Aznalcázar, municipio del Espacio Natural de Doñana.
Así lo han confirmado a la Agencia Efe fuentes de este departamento, desde donde se ha recordado que ya a principios de noviembre se procedió, una vez analizado el expediente elaborado por el Seprona de la Guardia Civil sobre estos hechos, al cierre cautelar del coto de caza 'Cortijo de Quemas', junto al que fue hallado muerto el felino.
Estos dos cazadores, imputados por la Guardia Civil, afrontan una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de entre 200.001 y 2.000.000 de euros.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, legislación básica del Estado, estipula como infracción muy grave "la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos".
Además, el Código Penal establece que los dos imputados por la muerte de este lince podrían ser condenados hasta con dos años de cárcel si se demuestra que esta muerte fue intencionada.
Así lo han confirmado a la Agencia Efe fuentes de este departamento, desde donde se ha recordado que ya a principios de noviembre se procedió, una vez analizado el expediente elaborado por el Seprona de la Guardia Civil sobre estos hechos, al cierre cautelar del coto de caza 'Cortijo de Quemas', junto al que fue hallado muerto el felino.
Estos dos cazadores, imputados por la Guardia Civil, afrontan una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de entre 200.001 y 2.000.000 de euros.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, legislación básica del Estado, estipula como infracción muy grave "la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos".
Además, el Código Penal establece que los dos imputados por la muerte de este lince podrían ser condenados hasta con dos años de cárcel si se demuestra que esta muerte fue intencionada.
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