Según el auto, queda demostrado que toda la corporación voto a favor de la licencia y que el único que no lo hizo fue el propio alcalde, quien se ausentó en el momento de la votación.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor, ha decretado, por segunda vez, el archivo de la causa incoada contra el alcalde de Espartinas, Domingo Salado, por supuestas infracciones penales de prevaricación por concesión indebida de licencia y contra los derechos cívicos a cuenta de una operación urbanística en la que se incluyó la ampliación de una vivienda de su propiedad. Este último auto recoge que ha quedado demostrado que toda la corporación votó a favor de la licencia el 20 de abril de 2005 y que el único que no votó fue el propio alcalde, que se ausentó en el momento de la votación.

Domingo Salado, alcalde de Espartinas.
La causa fue ya archivada en octubre de 2009, pero tras un posterior recurso por parte del PSOE de Espartinas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial revocó dicho auto y ordenó la reapertura de las diligencias. Según la denuncia, promovida por Matilde Marín, portavoz del Grupo Socialista en el anterior mandato, una "ampliación" de la vivienda del primer edil, contravendría las normas urbanísticas, y durante la tramitación del proyecto, el alcalde, según el PSOE, no se había abstenido de votar.
Según el PSOE, durante 1999 y 2002, "diversos vecinos de la urbanización La Juliana solicitaron sin éxito la adquisición de unas fincas de titularidad municipal que lindaban con sus viviendas al objeto de ampliarlas, pero el Ayuntamiento se negó en todo momento".
Pese a que el Ayuntamiento esgrimía las normas urbanísticas para tal denegación, según figuraba en la denuncia, el Ayuntamiento vendió los suelos a la promotora 'Acimentar SL' en 2003 y aprobó su proyecto de urbanización, al que siguió un proyecto de parcelación del que resultaron 40 parcelas. El proyecto urbanístico fue así tramitado por el Ayuntamiento y, en concreto, la parcela 24 "vio aumentada su edificabilidad y mejoradas sus condiciones", finca que fue finalmente "vendida" por Acimentar al propio alcalde por 39.065,79 euros.
El PSOE entendía, así que el alcalde tenía "un interés directo" en la aprobación de los proyectos reformados entregados por 'Acimentar SL' al Ayuntamiento, aunque el juzgado mixto número uno de Sanlúcar archivó diligencias después de que Salado declarase como imputado el 3 de julio de 2009.